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 Ayer 17 de julio tuvo lugar la segunda edición de la Ruta de la Resistencia, actividad que organiza la Asociación Eduardo Suárez por la Recuperación Memoria Histórica y en la que colaboran y participan varios colectivos, ente ellos el PCPC.
La razón de ser de la ruta consiste en recordar el papel que representaron en julio de 1936 Eduardo Suárez, a la sazón diputado comunista del Frente Popular, y Fernando Egea, delegado gubernativo socialista. Ambos protagonizaron la resistencia más seria habida en Gran Canaria en aquellos momentos.
La actividad comenzaba en el Ayuntamiento del antiguo municipio de San Lorenzo con unas intervenciones, recordando el paso de Eduardo Suárez por allí, y la de los compañeros y compañeras de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo, quienes denunciaron la injusticia que supuso desposeerles de su condición de municipio.
Llegábamos poco después a Arucas donde en julio de 1936 se produjo un enfrentamiento armado pero la llegada del ejército fascista obligó a los republicanos a proseguir la lucha desde la Cuesta de Silva, luego Gáldar y finalmente en Agaete donde fueron capturados el 24 de julio, siendo posteriormente ejecutados en la capital el 6 de agosto.
En Arucas y Agaete asistíamos a una escenificación de los hechos y además tomaban la palabra representantes de las asociaciones participantes en el acto.
Ya en Agaete intervenimos los camaradas del PCPC, que, tras hacer mención del valor y el heroísmo de aquellos hombres y mujeres que dieron sus vidas por los intereses populares, incidíamos en que una verdadera Ley por la Recuperación de la Memoria Histórica que realmente ponga en práctica la Verdad, la Justicia y la Reparación es imposible en un escenario dominado por el capitalismo donde los antiguos representantes del franquismo—y sus herederos—siguen copando las esferas del poder, donde se escenifica una falsa democracia en la que los intereses de la clase dominante son sublimados en detrimento de los intereses y derechos de los sectores populares y la clase trabajadora, en un escenario, en fin, en donde la propiedad privada de los medios de producción garantiza el poder político y económico de unos sectores contrarios a que la verdad de los hechos ocurridos a partir de julio de 1936 se conozca. Por el contrario, una Ley que haga justicia a las víctimas y a la República sólo es posible en el marco de una III República en donde los intereses de las mayorías sean los que primen, en donde la clase trabajadora, como única creadora de la riqueza, sea quien tenga el poder efectivo en sus manos. La muerte de aquellos hombres y mujeres honrados y combativos no fue estéril—concluíamos—porque plantaron semilla en el pueblo que hoy les recuerda y sigue sus pasos.
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